Alberto Fujimori: polémica liberación

El apellido Fujimori lleva 32 años en la escena política peruana y hasta el día de hoy sigue encendiendo acaloradas pasiones y dividiendo a los peruanos automáticamente en dos bandos.

Esta semana, cuando nuestro Perú atravesaba otra de sus agudas crisis políticas, el Tribunal Constitucional le puso un leño más al fuego al fallar a favor del indulto otorgado por el entonces presidente Kuczynski a Alberto Kenya Fujimori Fujimori, quizás el reo con las mejores condiciones penitenciarias del Perú.

¿Pero cuál es la historia de esta decisión que ha empujado a la calle a cientos de peruanos?

Esta novela de suspenso empieza hace cinco años, cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski estaba a puertas de ser vacado por el fujimorismo en el Congreso, y no tuvo mejor idea que concederle un indulto humanitario a Alberto Fujimori el 24 de diciembre de ese año, mientras el Perú entero celebraba la Navidad y no prestaba atención a las noticias políticas.

Se trataba, en teoría, de un indulto humanitario motivado únicamente por el grave estado de salud de Fujimori. Sin embargo, luego se harían públicas una serie de evidentes irregularidades cometidas para conceder el llamado indulto exprés, irregularidades como que la historia clínica de Fujimori en el INEN fue entregada a la Comisión de Gracias Presidenciales recién días después de que fuera puesto en libertad.  

En efecto, uno de los procesados por el caso indulto es precisamente Kenji Fujimori, entonces congresista, quien salvó a PPK de la vacancia gracias a su abstención y la de sus congresistas aliados, los Avengers.

Por más evidente que sea, el caso indulto todavía está en juicio y mientras no haya una sentencia, los acusados siguen siendo considerados inocentes. Pero en 2018, los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos, casos por los que fue condenado Fujimori a 25 años de prisión, acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que evaluara este indulto. La Corte, en mayo de ese año, ordenó que el indulto fuera revisado en el Perú por la justicia constitucional y es aquí donde hay otra clave del caso. Para la mayoría de voces, el indulto debía ser revisado por la Corte Suprema, la misma instancia que sentenció a Fujimori, pero para la defensa de Fujimori, debía revisarlo el Tribunal Constitucional. Finalmente fue la Corte Suprema la que hizo la revisión. En octubre del 2018 dejó sin efecto el dichoso indulto y regresó a Fujimori a la cárcel.

Pero el último capítulo de la saga empieza aquí, con el descontento de un fujimorismo que nunca aceptó la derrota judicial. Alrededor de seis habeas corpus han sido presentados ante el Poder Judicial en los últimos años para tratar de resucitar el indulto, pero el único que prosperó fue el presentado por el abogado Gregorio Parco en una corte de Ica. Su habeas corpus avanzó en silencio desde el año 2020, hasta que, el año pasado llegó al Tribunal Constitucional.

Lo inexplicable es que, amantes de las cuestiones exprés, el fujimorismo consiguió otra vez un fallo en tiempo récord. Este miércoles por la tarde, el tema fue incluido sorpresivamente en la agenda de debates del Tribunal Constitucional para el día siguiente, pero ni los mismos magistrados habían sido informados de nada. 

¿Algún parecido con episodios pasados? Pues sí. El Tribunal negó incluso la transmisión del debate, a pesar de tener un canal de televisión llamado Tribunal Constitucional TV que permite la transmisión de audiencias en vivo. Pero lo más saltante, sin duda, es que desde fines del año pasado la composición del Tribunal ha variado: de los siete miembros sólo quedan en funciones seis debido a la muerte del magistrado Carlos Ramos en setiembre del año pasado. De los seis restantes, tres tienen el corazón naranja. Al votar tres contra tres, el empate lo debe definir el presidente del tribunal, don Augusto Ferrero Costa, quien asumió esa función justamente a inicios de este año y cuyo voto vale por dos. Por tanto, en la práctica serían cuatro votos naranjas contra tres incoloros, y asunto resuelto.

Aunque hasta el momento no se ha publicado la sentencia ni sus fundamentos, como era de esperarse, el anuncio ha encendido la mecha de un polvorín que parecía adormilado luego de la visceral polarización causada por la campaña electoral.

Los familiares de las víctimas hoy dicen sentirse burlados y vuelven los ojos hacia el gobierno para restituir lo que ya parecía ordenado. Pero lejos de ofrecer una postura sólida frente al tema, el jefe de gabinete Aníbal Torres, proclive a los exabruptos, comparó a Fujimori con Hitler y sostuvo que el Tribunal Constitucional debería desaparecer, lo cual es casi una evidencia de que la cabeza del gobierno anda, en términos jurídicos, decapitada.   

La defensa de las víctimas, inmediatamente, ha solicitado a la Corte Intermericana de Derechos Humanos una audiencia para que intervenga en el tema, solicitud a la que se ha sumado el Ministerio de Justicia en nombre del gobierno. Es altamente probable que, de acuerdo con el fallo emitido anteriormente, la corte internacional dicte una sentencia que regrese todo a como estaba hace tan sólo cuatro días.

Fujimori, de 83 años de edad, lleva preso quince años de su vida y aún le faltan diez para completar su condena como autor mediato de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, crímenes considerados de lesa humanidad por el ordenamiento internacional. Las opiniones favorables al indulto de Fujimori apelan a un gesto humanitario dada su avanzada edad y debilitado estado de salud, y las contrarias cuestionan que se valide nuevamente el indulto exprés negociado bajo la mesa por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. La Corte Interamericana, nuevamente, tendrá la última palabra.