Hoy:

    Agentes de la DIGIMIN hacían seguimiento a familiares de la presidenta de la Corte de Lima

    Una denuncia policial revela un sospechoso seguimiento a familiares de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima por agentes de inteligencia del Ministerio del Interior

    Video: Cuarto Poder

    Rubén Darío Gómez Vidal, licenciado en administración, actualmente trabaja en el Congreso de la República y en el 2021 fue candidato al Parlamento por el partido Podemos, liderado por el actual legislador José Luna.

    De primera impresión, este joven no parece ser alguien importante para ser seguido por agentes de inteligencia. Sin embargo, en el ámbito familiar hay una información que resalta. Su madre es la mujer que administra este enorme edificio en la avenida Abancay, es la corte de justicia más grande e importante del país. 

    Un edificio que alberga a cerca de 1350 personas entre jueces y servidores. Una sede tan importante que en este momento procesa cerca de 800 mil casos y tiene aún miles de expedientes por procesar. Entre ellos hay muchos vigentes con políticos involucrados. 

    Se trata de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo de la magistrada María Vidal La Rosa Sánchez, la mujer que tiene el poder de evaluar y cambiar a cientos de jueces que están bajo su orden. Esa mujer también es la madre del trabajador del Congreso, Rubén Vidal, que ese cinco de marzo se alertó cuando vio al auto rojo de lunas polarizadas sobreparar al frente de su casa ubicada en el 434 de la Avenida Parque Sur.

    La presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Vidal La Rosa Sánchez y su hijo, no quisieron participar de este reportaje por temor a represalias.

    Tienen miedo y una gran duda: ¿Qué interés tiene el Gobierno para enviar a agentes encubiertos de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) a la casa de un familiar directo de la presidenta de la Corte de Justicia más grande e importante del país?

    Una corte por donde pasa cualquier pedido de allanamiento, detención o pedido que los grupos especiales de las fiscalías necesiten ejecutar para sus investigaciones. 

    Las respuestas las debe dar el ministro Víctor Torres. Quien anda, parafraseando a la presidenta, con el pico bien cerrado.