Una reciente investigación periodística del diario El Comercio reveló una preocupante realidad sobre los taxistas del aeropuerto Jorge Chávez.
De los 800 taxistas que operan en el aeropuerto, 201 tienen denuncias policiales por delitos graves, como robo agravado, secuestro y transporte de materiales peligrosos como pólvora, según informó Juan Pablo León, periodista del mencionado medio.
Además, 143 de estos están siendo procesados por la fiscalía. La preocupación aumenta al conocer que los gerentes de las asociaciones de taxistas también están implicados en actos delictivos.
Responsabilidad de las autoridades
Se destaca la responsabilidad compartida entre varias entidades en la regulación y supervisión de este servicio de transporte, incluyendo a Lima Airport Partners (LAP), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), y la Policía Nacional.
La ATU permite que cualquiera se registre como taxista presentando una declaración jurada, lo que se ha señalado como una simplificación administrativa riesgosa.
La llegada del nuevo terminal del aeropuerto plantea el desafío de evitar que estos taxistas con antecedentes continúen operando, salvaguardando así la seguridad de los pasajeros.
El reportaje también menciona que los taxistas independientes son a menudo amedrentados e intimidados por asociaciones que funcionan como mafias.
El informe culmina con una llamada a la acción para mejorar el control y la formalización del servicio de taxis en el aeropuerto, evitando así que se convierta en un refugio para delincuentes.
