Alan García y todas las veces que se ha salvado de un proceso judicial

Para la lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, el Congreso no es una isla que puede cometer arbitrariedades, por lo que la sentencia del juez Hugo Velásquez que anula 9 informes del Megacomisión, es legal.

“No hay islas, el Poder Judicial puede entrar y decirle al Parlamento: usted está violando los derechos fundamentales y en ese sentido la sentencia reciente de Alan García, como antes  la de Javier Diez Canseco, a mí me parecen correctas jurídicamente”, dijo.

Al respecto, el constitucionalista Enrique Bernales, señaló que la sentencia ha cautelado el debido proceso. “Este el tercer gran paso que da el Poder Judicial, esto es un proceso de acumulación de sentencias que viene desde el 8 de setiembre, que comienza con una sentencia del 5to. Juzgado Constitucional que es apelada por el Congreso pero que la Primera Sala de la Corte Superior en lo civil ratifica”, indicó.

Pero esta no es la primera vez que Alan García logra salir airoso de investigaciones en las que se ha visto  involucrado a lo largo de su vida política. Desde su primer gobierno hasta el fin de su segundo mandato, el ex presidente aprista ha logrado evadir serias acusaciones por corrupción y violaciones  a los derechos humanos.

Poco antes del autogolpe de Alberto Fujimori, en abril de 1992, tras el informe acusatorio de una comisión parlamentaria se inició un proceso en contra del líder aprista por enriquecimiento ilícito, a raíz de su supuesta participación en el escándalo del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), un banco pakistaní con cuentas en Panamá donde se habrían depositado jugosas comisiones de hasta tres millones de dólares por su intermediación en la compra venta de 14 aviones Mirage 2000, lo cual lo colocaba frente a  un evidente desequilibrio patrimonial.

Lourdes Flores, quien integró la comisión dijo que concluyeron en mayoría que había enriquecimiento ilícito. “En merito a todo ese caso dijimos: el Poder Judicial debe estudiar y analizar si García tiene un desbalance patrimonial, pero cerró el caso”.

Luego del autogolpe del 5 de Abril, ya en el llamado Congreso Constituyente Democrático, en 1994, gracias a una reforma constitucional se logró reabrir el proceso por enriquecimiento ilícito contra  Alan García, a quien se le acusaba, además, de haber entregado sobornos para otorgar los derechos de construcción del Tren Eléctrico al consorcio italiano Tralima y de haber utilizado al empresario Alfredo Zannati quien prestó sus cuentas cifradas en Gran Caimán para diversos depósitos del ex presidente peruano.

En esa oportunidad, se dijo  que entre Zannati y García hubo diversos negocios comunes como la compra de una aeronave comercial,  la adquisición del Canal 13 y el fraude en el uso de los llamados dólares MUC. Flores Nano recordó que en ese caso tampoco hubo sentencia.

Tras ser víctima de una persecución por parte de la dictadura de Alberto Fujimori, buscó asilo político primero en Colombia y luego en Francia, países en los que se refugió hasta el 2001. Durante todo ese tiempo, los delitos por los que se le acusaba prescribieron, y pudo volver al Perú.

A García también se le acusó de haber atentado contra los derechos humanos, en los casos de los asesinatos de campesinos en Cayara y la matanza de El Frontón. Este último es el más complejo y lo persigue hasta hoy.

Como, se recuerda, en 1986, treinta y tres internos por terrorismo fueron ejecutados tras protagonizar un motín desde el Pabellón Azul en el centro penitenciario ubicado en la Isla de El Frontón.

El proceso fue sobreseído por falta de pruebas, a pesar de que en 1990, una Comisión Investigadora del Congreso determinó que altos funcionarios civiles y militares estaban implicados en la masacre y acordaron emitir un informe al Ministerio Público pero el APRA, con el apoyo de los fujimoristas de Cambio 90, logró los votos necesarios para rechazar la acusación.

En el 2005 una fiscalía provincial reabrió la investigación en su contra, pero en enero de 2006 el caso se archivó de manera definitiva. Finalmente, en setiembre de 2013, el Tribunal Constitucional afirmó que lo sucedido en El Frontón no constituye un delito de lesa humanidad.

En la actualidad, pese a los 9 informes de la Megacomisión anulados por el Poder Judicial, continúan los de Agua para todos, Colegios Emblemáticos, BTR y Narcoindultos.