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Reforma de transporte: guerra y tregua por los corredores
Mientras el alcalde Castañeda acusaba al poderoso ministro de Economía de sabotear la reforma del transporte y pedía su cabeza, Segura retrucaba:, que pase por mi oficina y vemos.
La pelea en torno a la reforma del transporte no solo se dio esta semana a puño
limpio en las pistas de Lima.
La bronca verbal se trasladó también a las vías de la política. Y es que esta semana el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Alonso Segura, se enfrascaron en un lío de poderes, debido a que este portafolio declaró nulo cuatro de los siete contratos de concesión de los corredores viales del Sistema Integrado de Transportes.
Es decir, el corredor azul Tacna-Garcilaso-Arequipa y el eje Javier Prado-La
Marina, por ejemplo, no irían más, porque las adjudicaciones se habrían entregado
sin el visto bueno del MEF como lo exige la Ley de Asociaciones Público Privadas.
Por un lado, Castañeda denunciaba sabotaje; mientras que, por el otro, Segura le
increpaba por atropellar el orden jurídico. Pero en medio de este lío saca chispas están los más perjudicados: los consorcios y sus capitales invertidos en los corredores viales y los limeños que, ante la nulidad de los contratos suscritos, simplemente verían cada vez más lejana la tan ansiada reforma de transporte.
Esta discrepancia también trajo consigo lo impensable. Increíblemente, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, defendía con uñas y dientes los corredores viales que puso en marcha nada menos que Susana Villarán y que él criticó con dureza durante la campaña municipal. Como para no creerlo.
Pero, ¿cómo empieza esta historia de desencuentros legales entre la Municipalidad de Lima y el MEF?
La controversia se inicia por la interpretación del decreto legislativo 1012 que está vigente desde el año 2008, el cual establece que la versión final de los contratos de concesión entre entidades públicas y privadas debe tener la opinión favorable del MEF antes de su suscripción.
Este decreto tuvo una modificatoria en el 2014, en marzo del año pasado, y ahora establece que, si un contrato de buena pro no tiene el visto bueno y no fue revisado por el MEF, simplemente es declarado nulo.
La Municipalidad de Lima otorgó la adjudicación de los corredores viales en enero del 2014, es decir dos meses antes de hacer los ajustes legales que buscan ponerle candados de fiscalización a los contratos promovido por entidades del Estado con empresas privadas.
Para el Ministerio de Economía y Finanzas, el punto en debate legal está en que
los contratos que permitieron poner en marcha la reforma del transporte con la
implementación de corredores viales se suscribieron recién entre julio y diciembre del 2014 cuando ellos ya tenían todas las facultades para opinar sobre la validez o no de los contratos.
El alcalde, Luis Castañeda Lossio, ha demostrado tener más combustible al ir por
la ruta de la política. Y puso en jaque al titular del MEF, Alonso Segura, al citarlo
en la municipalidad para hablar del tema a primera hora del día. Segura no tuvo
otra alternativa que ceder.
Al final, alcalde y ministro se reconciliaron aparentemente y, por fin, harán lo que se debió hacer desde un principio: técnicos de Protransporte y del MEF se sentarán para buscar una salida viable a la controversia legal.
Los ciudadanos de Lima, hartos de la informalidad en el transporte, solo esperan
que sus autoridades entiendan que el bien público debería estar por encima de cualquier poder político y burocrático.
