El IPD había adjudicado al consorcio integrado por Antalsis el proyecto del polideportivo del Estadio Elías Aguirre, sin embargo nunca pudo realizar la obra y solo se le pagó 400 mil soles por el expediente técnico.
El caso de Martin Belaunde Lossio y los negocios que hizo o pretendió hacer durante este gobierno parece producir, a cada semana que pasa, más y más aristas.
El Polideportivo ubicado en el Estadio Elías Aguirre de Chiclayo, que iba a ser ampliado para los Juegos Bolivarianos del 2013 – obra de cerca de 90 millones de soles – fue adjudicada por el Instituto Peruano del Deporte IPD al consorcio Chiclayo, integrado entre otros por la hoy famosa empresa española Antalsis, para la que Martín Belaunde Lossio habría operado en la sombra.
Cuarto Poder accedió a un documento revelador que despierta muchas suspicacias respecto a cómo Antalsis pretendió trabajar un proyecto que nunca pudo realizar, salvo elaborar el expediente técnico.
El 26 de diciembre de 2013, la empresa española Ayesa le envía a José Quiñónez, presidente del Comité Olímpico Peruano, (COP), un documento bastante gráfico de todo lo que venía pasando en el polideportivo de Chiclayo. La española Ayesa había sido contratada meses antes por el COP para encargarse de la Dirección Integrada del Proyecto de los Juegos Bolivarianos del 2013, es decir, supervisar la correcta ejecución de las obras que se necesitaban para que los Juegos se realizaran con éxito y que estaban a cargo del IPD y de algunos gobiernos regionales y municipios provinciales. Uno de estos proyectos era el polideportivo del Estadio Elías Aguirre, cuya adjudicación se había dado por parte del IPD en junio de ese año al consorcio integrado por Antalsis.
Antalsis nunca pudo hacer la obra del polideportivo de Chiclayo y solo se le pagó 400 mil soles por el expediente técnico. ¿Por qué se le pagó a Antalsis por un expediente que no pudo materializar en obra? Este documento de Ayesa enviado al Comité Olímpico Peruano explica lo que venía pasando.
Ayesa concluye que el expediente técnico no puede ser aprobado – debido a que se producían 2,774 observaciones- , y que servirá de antecedente para cuando se presente un expediente técnico completo.
¿Por qué el IPD le pagó entonces a Antalsis por un expediente técnico que ahora sabemos
tenía tantas observaciones que no habrían sido levantadas?
Buscamos comunicarnos con la actual directiva del IPD, pero no obtuvimos respuesta. Si bien esto se produjo durante la gestión de Francisco Boza, el acervo documentario debería estar en esta entidad, lo que permitiría conocer si el expediente técnico fue aprobado por el IPD teniendo en cuenta las observaciones encontradas.