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En estos momentos, en la fiscalía especializada hay 161 casos en investigación preliminar que comprometen a más de 200 millones de dólares
Al margen de César Álvarez, de la señora Fernenbug y de toda la comparsa, el lavado de activos es un delito que nos afecta a todos, porque cada día todos pagamos sus consecuencias. El lavado convierte en disque “más respetables y prosperos” a los delincuentes y más pobres a los ciudadanos honrados que lo único que lavan es la ropa sucia. Es un factor que distorsiona la economía de arriba a abajo.
Narcotraficantes, corruptos, mineros ilegales, evasores de impuestos, estafadores, secuestradores, contrabandistas, los que perpetran delitos aduaneros, traficantes de personas. Son solo algunos de los que lavan dinero a manos llenas.
Con su dinero ilícito compran de todo: casas, coches, joyas, crean empresas, todo lo imaginable sin importar mucho el precio a pagar, la cuestión es blanquear, introducir al sistema legal, su dinero negro. La ONU ha hecho esta proyección: alrededor del 5 por ciento del PBI de los países es producto del lavado de dinero.
Si extrapolamos este dato al Perú estaríamos hablando de que aquí se lavan unos 10 mil 400 millones de dólares al año. Aunque la cifra es poco precisa, porque aquí el 60 por ciento de la economía es informal y solo un 30 por ciento de las personas en edad de trabajar tiene su dinero bancarizado.
La informalidad reinante abona a lo que podríamos llamar el lavado chicha de dinero. Pero vayamos a los lavadores profesionales, esos que hasta inicios de los 2000 veían al Perú como un paraíso. Y es que hubo normas muy laxas, tanto así que solo se podía procesar por lavado de activos a aquellos que tuvieran una sentencia firme por narcotráfico el resto quedaba impune.