La aplicación de la ley de flagrancia hacina los penales
Parecía que la solución al grave problema de la impunidad, por fin, había acabado. Sin embargo esta ley que ha sido recibida con gran alivio por la población tiene ciertas grietas.
Desde el 29 de noviembre del año pasado, día en que se promulgó la ley de flagrancia, algo significativo cambió en nuestro sistema judicial: en menos de 72 horas, los delincuentes intervenidos in fraganti o con las manos en la masa van directo a prisión.
Parecía que la solución al grave problema de la impunidad, por fin, había acabado. Sin embargo esta ley que ha sido recibida con gran alivio por la población tiene ciertas grietas que deben ser subsanadas rápidamente antes que el remedio termine siendo una bomba de tiempo.
Si como dice Julio Magán, el jefe del INPE, los juzgados de flagrancia sentencian como mínimo a 10 personas al mes, estamos hablando que nuestro sistema penitenciario ya colapsado tendría que recibir al año a 17 mil internos más y cómo vemos no hay espacio para uno más.
Sólo por citar un ejemplo, el penal de Lurigancho cuya capacidad de albergue es de 3 mil presos, hoy en día tiene una población penitenciaria que bordea las 9980 personas, es decir sobrepasa su capacidad en 300 por ciento.
Si bien la ley es buena, no se ha previsto todas las medidas para que esta funcione y se implemente exitosamente. En el Perú existen 67 establecimientos penitenciarios con capacidad para recibir a 33 mil 300 delincuentes; sin embargo los penales son hervideros humanos en los que habitan 76 mil 400 presos, más del doble de su capacidad de albergue.
Las cárceles en el Perú se han convertido en depósito de seres humanos. Hay delincuentes reincidentes que sí merecen pena y castigo y que gracias a esta ley que agiliza los trámites ingresan rápidamente a los penales, pero a la vez la inmediatez de la sentencia, 72 horas como máximo, también puede vulnerar la debida defensa de una persona que no necesariamente tiene antecedentes ni una conducta criminal.
Las soluciones efectistas y mediáticas contra el crimen organizado no necesariamente son la solución para acabar con la inseguridad ciudadana que reina en las calles. Lo que urge es una inmediata revisión del Código Penal para que nuestro sistema criminal, la Policía, Ministerio Público, Poder Judicial e Inpe no colapse y termine por reventarnos en la cara.