Caso Julia Príncipe: cronología de un cese anunciado
Una procuradora destituida pero masivamente respaldada, un ministro que evitó la censura con su renuncia y una investigación por lavado de activos que seguirá su curso pese a quien le pese.
La procuradora Julia Príncipe le seguía los pasos a todas las investigaciones que la primera dama tiene abiertas por lavado de activos y además comunicaba lo que estaba sucediendo a la ciudadanía, lo que le valió un mediático enfrentamiento con el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, que se empeñó en que la abogada del Estado no podía abrir la boca sin pedirle permiso, como lo decía el reglamento.
El premier Pedro Cateriano también se metió en el tira y afloja en defensa de su ministro, y finalmente el martes salió publicado en el diario El Peruano el cese de Julia Príncipe: le habían quitado la confianza de golpe y porrazo, cuando aún no había terminado la investigación disciplinaria que le habían abierto por hablar, sin permiso, sobre todo y ante todo del caso Nadine.
No solo la habían cesado sino que además el ministro de Justicia pocas horas antes en medio de una torpe explicación sobre su despido, mencionó que su ex marido había sido investigado por lavado de activos. Una manera poco sutil de intentar ensuciar el impecable currículo de Príncipe y de sembrar dudas.
Esta es la cronología de su muerte como funcionaria pública luego de 13 años trabajando en la defensa del Estado:
- 7 de junio: declaró en un programa de televisión sobre una denuncia relacionada con la primera dama, al día siguiente lo hizo en una radio.
– 9 de junio: pidió al fiscal que investigaba los aportes nacionalistas que comprendiera en la investigación por presunto lavado de activos al hermano de la primera dama, Ilan Heredia, a Martín Belaúnde Lossio y que se ampliara la investigación a la financiación de la campaña nacionalista del 2006 porque solo se estaba revisando la del 2009.
– 10 de junio: llegó un oficio del ministerio de justicia pidiéndole sus descargos y explicaciones de por qué prestaba declaraciones a los medios sin autorización.
De ahí en adelante la cosa fue de mal en peor. La procuradora consideraba que eso de pedir permiso para hablar por más que estuviera en un reglamento, nunca se había aplicado y además era inconstitucional. Al tiempo, el ex congresista Álvaro Gutiérrez le entregó las mentadas agendas que serían de la primera dama, las trabajó un par de días y las entregó a la fiscalía, con la solicitud de que la primera dama se sometiera a una prueba grafotécnica.
Le abrieron proceso disciplinario y sin que este terminara; la despacharon el martes. El repudio social y político, por su cese no se hizo esperar y el ministro Adrianzén presentó su renuncia, aunque solo adelantó su salida ya que el jueves el Congreso tenía los votos para censurarlo precisamente por intentar ponerle mordaza a la procuradora.
Adrianzén renunció pero se llevó por delante a Julia Príncipe mediante una resolución firmada también por el ministro del Interior, el presidente del Consejo de Ministros y el Presidente de la República. Hasta los pocos pesos pesados que le quedan a la bancada nacionalista se mostraron en contra de esta decisión. El gobierno se queda pero pasando su particular penitencia.